El derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes puede plantearse de diversas maneras en el contexto del VIH en Cuba, por ejemplo en el trato a los presos con esta enfermedad.

La pena de privación de libertad no debería provocar la pérdida de los derechos o la dignidad. En particular, el Estado, por medio de las autoridades penitenciarias, tiene el deber de cuidar a los presos. Lo que entraña el deber de proteger los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo su custodia.

Negar a los reclusos el acceso a la información, educación y medios de prevención (desinfectantes, condones y materiales de inyección estéril) con respecto al VIH/SIDA, la prueba voluntaria y asesoramiento, la confidencialidad y la atención sanitaria al VIH/SIDA, así como la posibilidad de participar.

La Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios de Cuba tiene reconocidos un total de seis establecimientos penitenciarios para reos portadores del VIH/SIDA. Penitenciarias que no marcan una diferencia entre el trato a reos sanos y la población penal afectada por esta enfermedad.

Los presos que cometan actos peligrosos, como violaciones o actos de violencia sexual, deberían ser castigados cualquiera sea su estado serológico con respecto al VIH/SIDA. No existe razón alguna por parte de las instancias de salud o de seguridad que justifique la obligatoriedad de la prueba del VIH, ni la denegación a los reclusos que viven con VIH la posibilidad de realizar todas las actividades disponibles para el resto de la población penitenciaria. Lo único que justificaría la segregación de las personas que viven con el VIH de la población penitenciaria sería la preservación de su propia salud.

El Estado cubano debería considerar la posibilidad de que los presos con una enfermedad en fase terminal, incluido el SIDA, sean excarcelados anticipadamente y reciban un tratamiento adecuado fuera de la cárcel.

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