La Habana: La última versión consolidada sobre los derechos humanos (DH) aplicados al VIH/SIDA fue publicada en el año 2006, exactamente diez años después de su aprobación. Estas directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los (DH) han tenido varias consultas organizadas conjuntamente por la oficina del alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.
Pretendo durante una serie de artículos reflexionar en algunas de estas directrices, de cumplimiento obligatorio para cada uno de los estados miembros, estados que tienen como principal compromiso velar por el cumplimiento y el respeto de estas normas internacionales.
La Undécima directriz aborda el tema de la vigilancia y la aplicación de los Derechos Humanos por parte de los Estados miembros, es válido aclarar que Cuba mantiene bajo censura el libro que recoge estas directrices en almacenes, con el único fin de crear el desconocimiento en la población afectada por esta enfermedad.
La Undécima directriz cita: Los Estados deberían crear instituciones de vigilancia y aplicación que garanticen la protección de los derechos humanos en lo que respecta al VIH, en particular los de las personas que viven con el VIH, sus familiares y sus comunidades.
Según esta directriz los Estados deben de reunir información sobre los derechos humanos y el VIH, utilizarla como base para elaborar y reformar la política y los programas, dar a conocer las cuestiones de derechos humanos relacionados con el VIH a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, como parte de sus obligaciones de presentar informes con arreglo a los tratados de derechos humanos.
La misma directriz también recoge la necesidad urgente de que los gobiernos establezcan puntos focales relativos al VIH en las ramas competentes del gobierno, en particular los programas nacionales gubernamentales del SIDA, los departamentos policiales o penitenciarios, el poder judicial, los proveedores oficiales de salud y servicios sociales y el ejército, para vigilarlos abusos cometidos a los derechos humanos relacionados con el VIH. A su vez los gobiernos deben de facilitar el acceso de los grupos menos favorecidos o vulnerables a los poderes públicos. Deben también elaborar indicadores del cumplimiento o puntos de referencia que muestren concretamente como las políticas y programas correspondientes dan cumplimientos a las normas establecidas de derechos humanos.
El brindar apoyo político, material y de recursos humanos a las organizaciones de servicios sobre el SIDA para el mejoramiento de la capacidad con respecto a la elaboración y vigilancia de las normas de derechos humanos es también una de las obligaciones de los Estados. Además apoyaran a las Organizaciones no Gubernamentales de derechos humanos a mejorar la capacidad en lo que respecta a la normativa y la vigilancia de las normas de derechos humanos relacionadas con el VIH/SIDA.
El Estado cubano y su poder judicial no contemplan ni admiten organizaciones afines con el tema de derechos humanos, estructuras como la Comisión Cubana de Derechos Humanos para Personas con VIH/SIDA y la Liga Cubana Contra el SIDA, las que durante algunos años han solicitado al Ministerio de Justicia cubano su reconocimiento y este se niega a reconocerlas por el solo hecho de que dichas organizaciones no son a fines con los intereses del Estado cubano.
Cuba al igual que todos los estados deberían de apoyar la creación de instituciones nacionales independientes de promoción y protección de los derechos humanos, incluidos con el VIH, tales como Comisiones de Derechos Humanos y Defensores del pueblo, o designar a estos últimos para el VIH en los organismos de derechos humanos existentes o independientes, los órganos jurídicos nacionales y las comisiones legislativas.
La promoción de estos derechos humanos relacionados con el VIH/SIDA por parte de los gobiernos en los foros internacionales y asegurar que se incluyan en las políticas y programas de las organizaciones internacionales, incluidos los órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como otros organismos del mismo sistema de las Naciones Unidas, es parte del compromiso de los estados comprometidos.
Este comentario que pretende ganar en claridad en la obligación de los Estados en velar por el estricto cumplimiento de estas normativas internacionales no exime a ninguno de la culpa del no cumplimiento de estos acuerdos internacionales contraídos ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Por el contrario quiere crear conciencia en los gobiernos y en las personas de buena voluntad en la formación de defensores y observadores de estos derechos aplicados a las personas con VIH/SIDA.
No son suficientes estas normativas y la promoción de las normas de derechos humanos relacionados con el VIH, no bastan para hacer frente a los abusos a los derechos humanos relacionados con esta población. Es necesario establecer procedimientos eficaces en los países y las comunidades para vigilar y aplicar los derechos humanos aplicados al VIH. Para todos los Estados y sus estructuras gubernamentales esto debe de formar parte de su obligación nacional de hacer frente a esta enfermedad. Es preciso dar a conocer estas normativas de los medios de vigilancia, en particular entre las redes de personas que conviven con VIH, para aprovechar bien su utilización y efectos.
La vigilancia debe ser tan positiva como negativa, es decir, informar sobre las buenas prácticas para que otros tengan modelos que imitar e identificar los abusos. El sector no gubernamental debe ser un medio importante de vigilancia de los abusos a los derechos humanos, si cuenta con los recursos para ello, puesto que a menudo tiene un contacto más directo con las comunidades afectadas.
Los órganos ante los se presentan las denuncias tal vez sean demasiado burocráticos y sus procedimientos demasiado lentos y estresantes para recibir una muestra representativas de quejas. Es necesario capacitar a los miembros de la comunidad para que habilidades que les permitan analizar los hechos e informar sobre las conclusiones con un nivel de competencia fiable para los Estados y los organismos internacionales de derechos humanos.

Hablemos de Los Derechos Humanos aplicados al VIH/SIDA.
Parte Dos.
Por: Ignacio Estrada Cepero, Director Ejecutivo de la Liga Cubana Contra el SIDA.
estradacepero@yahoo.es ligacubanacontraelsida@gmail.com Twitter:@desidahoy

La Habana: quizás algunos de los lectores notaran la no concordancia en el análisis de las directrices internacionales expuestas por el organismo de Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas para la lucha contra el VIH/SIDA según la numeración en que estas aparecen en la versión del año 2006.

En estos artículos he querido priorizar algunas de estas directrices, teniendo en cuenta la realidad que afronta cada uno de los cubanos afectados por tan terrible enfermedad. Recordemos que la situación que afronta la isla en materia de Derechos Humanos es descrita por diferentes expertos en el tema como caótica. Situación que despoja a todo ciudadano de sus más elementales derechos incluyendo a los portadores del VIH/SIDA.

Las Directrices Internacionales en su séptima directriz refieren y cito textualmente: Los Estados deberían proporcionar y apoyar los servicios de asistencia jurídica que enseñen sus derechos a las personas que viven con el VIH, facilitar asistencia jurídica gratuita para ejercer esos derechos, ampliar el conocimiento de las cuestiones jurídicas que plantea el VIH y utilizar, además de los tribunales, otros medios de protección como los ministerios de justicias y Defensores del Pueblo, oficinas de denuncias sanitarias y comisiones de Derechos Humanos. Fin de la cita.

La séptima directriz según algunas personas consultadas está muy lejana de la realidad cubana y más que esto es algo difícil de lograr por la unipolaridad gubernamental que inmoviliza cualquier proyecto independiente que pretenda hacer frente a las constantes violaciones de Derechos Humanos. Veamos algunos elementos que los Estados deben de tener presentes para la creación de estos servicios en beneficio de los derechos de los portadores del VIH y los enfermos del SIDA.

El apoyo oficial a los sistemas de asistencia jurídica especializada en los casos del VIH, con la posible participación de los centros comunitarios de asistencia jurídica o de los servicios jurídicos de las organizaciones de servicios sobre al SIDA, pudiéndosele sumar a estas las organizaciones no gubernamentales y los observadores de los derechos del pueblo.

Este apoyo puede ser incentivado oficialmente en programas establecidos por bufetes de abogados estatales como de abogados independientes que prestan servicio gratuito a las personas portadoras del VIH y a los enfermos de SIDA en cuestiones como la discapacidad o la lucha contra la discriminación, los derechos a la atención sanitaria (el consentimiento informado y la confidencialidad), los bienes díganse testamentos, herencias y la legislación laboral.

Los Estados están comprometidos a trabajar en el apoyo a los programas de educación, sensibilización y fomento de la autoestima de las personas que viven con el VIH en lo concerniente a cada unos de sus derechos o para capacitarlas para elaborar o difundir sus propias cartas y declaraciones de Derechos Humanos; el apoyo oficial también debe de extenderse a la fomentación de publicaciones como folletos relacionados con el tema de los derechos legales de las personas con VIH, listas de especialistas manuales, manuales prácticos, libros de texto, modelos de planes de estudios de derecho, y boletines el intercambio de información y la creación de redes. Estas publicaciones podrían dar a conocer la jurisprudencia, las reformas legislativas, los sistemas nacionales de de aplicación y vigilancia de los Derechos Humanos.

En otro aspecto el Estado también debe de apoyar oficialmente todos aquellos servicios jurídicos relacionados con el VIH y la protección mediante diferentes órganos, como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República u otros órganos, además debe de brindar apoyo a las oficinas de Denuncias Sanitarias, a los Defensores del Pueblo y las Comisiones de Derechos Humanos. (Dado el caso cubano, es difícil según algunos directivos de organizaciones independientes lograr estos pasos, por el no reconocimiento jurídico de sus organizaciones y por el estado de cerco en que el gobierno cubano les obliga a vivir).

La séptima directriz recomienda a cada unos de los Estados comprometidos y al sector privado a que fomenten y apoyen los servicios jurídicos especializados y generalista para que las personas que viven con el VIH y las comunidades afectadas puedan ejercer sus Derechos Humanos y cívicos mediante el uso de esos servicios. También deberían facilitarles medios de información, e investigación sobre cuestiones jurídicas o de Derechos Humanos.

Los servicios antes mencionados deberían de ocuparse también de la forma de reducir vulnerabilidad a la infección y los efectos del VIH en las poblaciones de mayor riesgo. La ubicación y el formato de la información (podemos tomar como ejemplo la utilización de un lenguaje claro y comprensible) a través esos servicios deberían hacerla accesible a los integrantes de esos grupos. En muchos países que ya hay modelos para ello.

Para muchos la voluntad de Cuba de alcanzar el cumplimiento de estas directrices es algo ajeno a lo que viven las personas afectadas por esta enfermedad en la isla, las cuales son utilizadas según expertos en el tema de los Derechos Humanos como escudos políticos para mostrar al mundo la inexistencia de una mal nombrada potencia medica, no conocida por los cubanos mientras que países del área como Venezuela, Bolivia y ecuador solo por citar ejemplo disfrutan a diario mientras que los nacionales entre estos los portadores del VIH/SIDA afrontan a diario.

El tercer comentarios estará enfocado en la Legislación Penal y los Sistemas Penitenciarios, si usted se percata podrá llegar a la conclusión que si de SIDA y Derechos Humanos se trata hay tela suficiente por donde cortar.