La Habana: quizás algunos de los lectores notaran la no concordancia en el análisis de las directrices internacionales expuestas por el organismo de Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas para la lucha contra el VIH/SIDA según la numeración en que estas aparecen en la versión del año 2006.

En estos artículos he querido priorizar algunas de estas directrices, teniendo en cuenta la realidad que afronta cada uno de los cubanos afectados por tan terrible enfermedad. Recordemos que la situación que afronta la isla en materia de Derechos Humanos es descrita por diferentes expertos en el tema como caótica. Situación que despoja a todo ciudadano de sus más elementales derechos incluyendo a los portadores del VIH/SIDA.

Las Directrices Internacionales en su séptima directriz refieren y cito textualmente: Los Estados deberían proporcionar y apoyar los servicios de asistencia jurídica que enseñen sus derechos a las personas que viven con el VIH, facilitar asistencia jurídica gratuita para ejercer esos derechos, ampliar el conocimiento de las cuestiones jurídicas que plantea el VIH y utilizar, además de los tribunales, otros medios de protección como los ministerios de justicias y Defensores del Pueblo, oficinas de denuncias sanitarias y comisiones de Derechos Humanos. Fin de la cita.

La séptima directriz según algunas personas consultadas está muy lejana de la realidad cubana y más que esto es algo difícil de lograr por la unipolaridad gubernamental que inmoviliza cualquier proyecto independiente que pretenda hacer frente a las constantes violaciones de Derechos Humanos. Veamos algunos elementos que los Estados deben de tener presentes para la creación de estos servicios en beneficio de los derechos de los portadores del VIH y los enfermos del SIDA.

El apoyo oficial a los sistemas de asistencia jurídica especializada en los casos del VIH, con la posible participación de los centros comunitarios de asistencia jurídica o de los servicios jurídicos de las organizaciones de servicios sobre al SIDA, pudiéndosele sumar a estas las organizaciones no gubernamentales y los observadores de los derechos del pueblo.

Este apoyo puede ser incentivado oficialmente en programas establecidos por bufetes de abogados estatales como de abogados independientes que prestan servicio gratuito a las personas portadoras del VIH y a los enfermos de SIDA en cuestiones como la discapacidad o la lucha contra la discriminación, los derechos a la atención sanitaria (el consentimiento informado y la confidencialidad), los bienes díganse testamentos, herencias y la legislación laboral.

Los Estados están comprometidos a trabajar en el apoyo a los programas de educación, sensibilización y fomento de la autoestima de las personas que viven con el VIH en lo concerniente a cada unos de sus derechos o para capacitarlas para elaborar o difundir sus propias cartas y declaraciones de Derechos Humanos; el apoyo oficial también debe de extenderse a la fomentación de publicaciones como folletos relacionados con el tema de los derechos legales de las personas con VIH, listas de especialistas manuales, manuales prácticos, libros de texto, modelos de planes de estudios de derecho, y boletines el intercambio de información y la creación de redes. Estas publicaciones podrían dar a conocer la jurisprudencia, las reformas legislativas, los sistemas nacionales de de aplicación y vigilancia de los Derechos Humanos.

En otro aspecto el Estado también debe de apoyar oficialmente todos aquellos servicios jurídicos relacionados con el VIH y la protección mediante diferentes órganos, como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República u otros órganos, además debe de brindar apoyo a las oficinas de Denuncias Sanitarias, a los Defensores del Pueblo y las Comisiones de Derechos Humanos. (Dado el caso cubano, es difícil según algunos directivos de organizaciones independientes lograr estos pasos, por el no reconocimiento jurídico de sus organizaciones y por el estado de cerco en que el gobierno cubano les obliga a vivir).

La séptima directriz recomienda a cada unos de los Estados comprometidos y al sector privado a que fomenten y apoyen los servicios jurídicos especializados y generalista para que las personas que viven con el VIH y las comunidades afectadas puedan ejercer sus Derechos Humanos y cívicos mediante el uso de esos servicios. También deberían facilitarles medios de información, e investigación sobre cuestiones jurídicas o de Derechos Humanos.

Los servicios antes mencionados deberían de ocuparse también de la forma de reducir vulnerabilidad a la infección y los efectos del VIH en las poblaciones de mayor riesgo. La ubicación y el formato de la información (podemos tomar como ejemplo la utilización de un lenguaje claro y comprensible) a través esos servicios deberían hacerla accesible a los integrantes de esos grupos. En muchos países que ya hay modelos para ello.

Para muchos la voluntad de Cuba de alcanzar el cumplimiento de estas directrices es algo ajeno a lo que viven las personas afectadas por esta enfermedad en la isla, las cuales son utilizadas según expertos en el tema de los Derechos Humanos como escudos políticos para mostrar al mundo la inexistencia de una mal nombrada potencia medica, no conocida por los cubanos mientras que países del área como Venezuela, Bolivia y ecuador solo por citar ejemplo disfrutan a diario mientras que los nacionales entre estos los portadores del VIH/SIDA afrontan a diario.

El tercer comentarios estará enfocado en la Legislación Penal y los Sistemas Penitenciarios, si usted se percata podrá llegar a la conclusión que si de SIDA y Derechos Humanos se trata hay tela suficiente por donde cortar.

Anuncios